La pobreza en Venezuela no es un problema nuevo; antes bien, las desigualdades e inequidades sociales se han agravado en el tiempo. Si bien es cierto que durante los ciclos de "boom" petrolero los principales indicadores de la pobreza expresan ciertas mejorías, sobre todo cuando el incremento del gasto público se orienta deliberadamente a la compensación de necesidades insatisfechas de grupos poblacionales más excluidos, los beneficios se diluyen en el mismo momento en que se revierte el período de relativa abundancia de recursos, vale decir, en el momento en que se reducen los precios del petróleo en los mercados internacionales. Se trata, en definitiva de una lección que los gobiernos de turno persisten en no aprender: la pobreza solo puede enfrentarse atacando las causas estructurales que la producen y reproducen. En este contexto, la política social se sigue limitando principalmente a la simple asistencia social y se continúa omitiendo su interdependencia con la política económica. Esto es un craso error, sobre todo si consideramos que la pobreza es la resultante de todo un cúmulo de problemas de distinta naturaleza que solo puede mitigarse, de manera eficaz y sostenible, mediante políticas integrales de desarrollo que propendan a la creación de riqueza.

En la Venezuela actual, la política social se ha fundamentado en las misiones. Éstas, sin duda, han compensado por diversos medios los ingresos de las familias pobres y han acercado servicios de salud y educación a sectores históricamente excluidos; sin embargo, muchas de éstas no trascienden la esfera de lo "asistencial", y sus coberturas, calidad y eficacia se han reducido en el tiempo, de manera paralela a la disminución experimentada por los ingresos públicos.

En este contexto y con la finalidad de promover el análisis riguroso de las determinantes estructurales de la pobreza, así como la elaboración de alternativas de política destinadas a enfrentarla, la Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y de la Fundación Foro Socialdemócrata de Venezuela, organizaron el evento titulado "Pobreza y Misiones Sociales en Venezuela".

Durante el encuentro, más de 40 representantes de 13 organizaciones políticas, apoyados por un calificado panel de expertos en la temática, identificaron propuestas económicas, educativas, de modernización institucional y de bienestar social, orientadas a la ampliación de las capacidades humanas y a la generación de oportunidades requeridas para reducir, gradual y sostenidamente, las brechas de inequidad y desigualdad en Venezuela.

En los últimos 10 años, el proceso de descentralización venezolano ha transitado por diversas etapas. Desde la gran expectativa generada por la Constitución de 1999 que apuntaban a una profundización del proceso, pasando por una fase de estancamiento (2000-2002), hasta 2003, año en el cual, a decir de diversos analistas, comenzó una gradual y sistemática reversión de la descentralización como modelo de Estado y de gobierno.

En efecto, a partir de ese año se inicia la promulgación de todo un conjunto de leyes que por su naturaleza, contenidos y alcance, ponen en entredicho la autonomía político-administrativa de regiones y localidades y fortalecen las funciones, ámbitos de competencia y capacidades de actuación del gobierno nacional sobre las más distintas esferas del desarrollo. Las reformas a la Ley Orgánica de Delimitación y Transferencia de Competencias (2003 y 2009), la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública (2007), la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital (2009), la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010) y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Popular -aprobada en primera discusión- parecieran conformar todo un andamiaje jurídico destinado a re-centralizar el poder, obstaculizar las iniciativas cívicas y limitar el libre desenvolvimiento del sector privado de la economía.

En este contexto, y con el propósito de promover el debate activo y creativo sobre las implicaciones actuales y futuras que tendrán estos desarrollos legislativos sobre la descentralización, la participación ciudadana y el ordenamiento territorial venezolano, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), conjuntamente con la Fundación  Foro Socialdemócrata de Venezuela, la Asociación Civil CONVITE y la Mesa de la Unidad, realizaron el Seminario "En Defensa de la Descentralización en Venezuela".

Durante el evento, más de 40 dirigentes de diversas organizaciones políticas, agrupado/as en mesas de trabajo, incentivado/as por un panel de experto/as, caracterizaron la situación actual de la descentralización venezolana y definieron propuestas para una agenda legislativa orientada a profundizarla.