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La política social es sin duda, un aspecto de debate importante en la agenda pública venezolana. Todos los problemas que la ciudadanía considera prioritarios están asociados, directa o indirectamente, con el ámbito social: la inseguridad ciudadana, el desempleo, la crisis hospitalaria, la insuficiente calidad y cobertura del sistema educativo, la ineficacia de los sistemas de protección social, el deterioro progresivo de la capacidad adquisitiva del salario y el déficit habitacional, entre varios otros, constituyen las principales preocupaciones de la ciudadanía que ameritan respuestas efectivas por parte del Estado. La satisfacción de estas necesidades no solo representa una condición indispensable para transitar hacia un modelo de desarrollo viable y sostenible, sino además, posibilitaría concretar el Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos problemas son aun más graves en aquellos sectores poblacionales que carecen de capacidades para aprovechar las oportunidades del desarrollo. Especial atención, dentro de estos grupos, merecen las mujeres jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, cuya situación de vulnerabilidad amerita políticas sociales específicas que favorezcan su inclusión en la senda del bienestar y del progreso. Con base en estas preocupaciones, la Gobernación del Estado Miranda, con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), organizó el Seminario "Política Social y Progreso en Venezuela". Durante una intensa jornada de debate, los directores de la mencionada entidad federal, apoyados por un selecto equipo de especialistas, evaluaron la actual política social nacional y regional y acordaron propuestas educativas, de generación de empleo y de prevención de violencias, particularmente dirigidas a elevar, de manera sostenible, la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables.
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