Con el propósito de evaluar la situación socioeconómica del país y sus efectos sobre la clase trabajadora, más de 70 dirigentes sindicales se dieron cita en las instalaciones del Hotel Altamira Suites, en el marco del Encuentro "Visión Sindical para la Unidad".

Durante dos jornadas de intensos debates, lo(a)s participantes, conjuntamente con un selecto grupo de expertos, buscaron respuesta a interrogantes clave para el movimiento sindical venezolano, tales como: ¿Qué hacer para proteger el poder adquisitivo del salario frente al actual proceso inflacionario?; ¿Cómo garantizar el trabajo decente en un contexto donde crece la informalidad y se dificulta la contratación colectiva?; ¿Qué hacer frente a la urgente necesidad de crear un sistema de seguridad social viable y sostenible en el tiempo?; ¿Cómo rescatar la autonomía sindical y avanzar hacia procesos unitarios que fortalezcan al movimiento y lo articulen con la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas?; ¿Qué tipo de organización sindical requiere la actual sociedad venezolana y su clase trabajadora?.

El evento, organizado por el Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), tuvo como invitados especiales a integrantes de la alta dirigencia de otras centrales como la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Alianza Sindical Indenpediente (ASI).

Las decisiones surgidas del Encuentro fueron consideradas como punto de partida de un retador proceso de unificación programática y orgánica, que compromete a un importante sector del sindicalismo venezolano.

La igualdad de género representa una aspiración de los movimientos femeninos desde los albores de la democracia venezolana. A pesar de los avances experimentados en el plano jurídico luego de décadas de lucha, aún prevalecen obstáculos que limitan severamente el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres. Factores culturales e institucionales siguen impidiendo que principios como la equidad y la no discriminación, que cruzan transversalmente la Constitución Bolivariana de 1999, puedan traducirse en realidades concretas. Desde el plano jurídico, marcos legales como la Ley del Sufragio y Participación Política y la reciente Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por citar tan solo algunos ejemplos, no han contado ni con la voluntad política ni con el entramado institucional requerido para garantizar su cumplimiento. Desde el plano de las políticas públicas, a pesar de la existencia de un Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer, los programas y servicios (educación, salud, seguridad ciudadana) no transversalizan la perspectiva de género profundizando las desigualdades existentes; los casos de violencia intrafamiliar, donde la principal víctima es la mujer, se incrementan de manera alarmante, la mortalidad materno-infantil sigue siendo un problema que pone en evidencia la incapacidad del sistema de salud para brindar respuestas eficaces, la creciente inseguridad ciudadana, calificada como un verdadero flagelo por la opinión pública, no sólo se expresa en la enorme cifra de muertes violentas, sino que además deja esposas, madres e hijas en una situación de vulnerabilidad que no es atendida por los órganos competentes. Por último, el acceso de las mujeres a los centros de poder, político, económico y gremial, sigue siendo obstaculizado; por lo general, las mujeres que logran acceder a puestos clave en la toma de decisiones lo hacen bajo reglas implícitas o explícitas de subordinación a los hombres.

Con base en estas consideraciones, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), conjuntamente con el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM) organizaron el Seminario "Violencia, Salud y Derechos Políticos con Perspectiva de Género", espacio en el cual, más de 60 personas, entre dirigentes políticos, líderes comunitarios, funcionario(a)s público(a)s y activistas por los derechos humanos acordaron estrategias para impulsar reformas institucionales, legales y de política destinadas a cerrar las brechas de desigualdad e inequidad de género que caracterizan a la sociedad venezolana.