En Venezuela, el déficit de viviendas ocupa el tercer lugar en el orden de preocupaciones de la ciudadanía. A pesar de que la Constitución de la República de Venezuela garantiza el derecho de toda persona a una vivienda digna, la problemática habitacional sigue agravándose de manera sostenida. Según estimaciones oficiales, alrededor de 13 millones de personas carecen de una vivienda adecuada. Esta situación es aún más preocupante si se considera que muchas viviendas, construidas por sus propios propietarios, están ubicadas en zonas de alto riesgo, bien sea por sismos, deslizamientos o desbordamiento de fuentes de agua.

Se trata sin duda de un problema complejo, cuya atención es altamente exigente en instancias gubernamentales técnicamente calificadas, de la coordinación de esfuerzos y recursos interinstitucionales e intersectoriales y de una ciudadanía adecuadamente informada y organizada para participar activamente en su enfrentamiento.

Durante el evento, organizado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), conjuntamente con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), más de 50 personas, entre dirigentes políticos y sindicales, líderes comunitarios y representantes de ONG vinculadas con el tema, deliberaron sobre las causas político-institucionales, culturales y sociales de la problemática planteada y aportaron ideas-propuestas destinadas a su mitigación.

Con el propósito de facilitar el intercambio de ideas y análisis entre expertos en economía petrolera y miembros del partido Primero Justicia, la Fundación Justicia y Democracia con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), organizó el Foro titulado "Capitalismo Rentístico y Política Energética en la Venezuela del Siglo XXI". ¿Cómo reducir las distorsiones económicas, sociales y culturales generadas por la renta petrolera?; ¿Es posible pensar en un modelo de crecimiento fundamentado en una política fiscal menos dependiente de los ingresos petroleros?; ¿Es posible y necesario replantear la tradicional vinculación entre el petróleo, el Estado y la sociedad venezolana?; ¿Cómo manejar políticamente la transición hacia un desarrollo más sostenible y menos vulnerable a los precios de los hidrocarburos?; ¿Cuáles modificaciones deberían inducirse en la matriz energética nacional a fin de reducir los costos económicos derivados del subsidio a la gasolina, gas y otras fuentes de energía?; ¿En cuáles escenarios de precios es sostenible la actual política económica del gobierno venezolano?; ¿Cuáles son las debilidades de la actual PDVSA y las posibilidades de superarlas?; ¿Cómo potenciar la explotación, distribución  y comercialización del gas en Venezuela?; ¿Hay otras alternativas energéticas para el país distintas a los hidrocarburos fósiles?

Estas y otras interrogantes, fueron intensamente debatidas por más de treinta dirigentes nacionales y regionales de la mencionada organización política quienes, a corto plazo, asumieron el reto de procesar las conclusiones del Foro y transformarlas en propuestas concretas que complementarán su plataforma programática en torno al tema.